‘Som els nous catalans’

Los inmigrantes encerrados en una iglesia de Barcelona en la semana electoral por “papeles para todos” terminan su protesta

Iglesia de Santa Anna. A la izquierda, el paquistaní Ijaz Ahmad. A la derecha, su compatriota Mian Khalid.
JOAN SÁNCHEZ EL PAÍS

Los colchones azules están apoyados en vertical sobre el muro de la sala capitular de la iglesia de Santa Anna de Barcelona. Los regalos que han ido llegando –un panettone, turrones y otros dulces-, apilados en el altar bajo la Virgen. La mudanza acaba de empezar. Los inmigrantes y representantes de asociaciones que han protagonizado un encierro en esta basílica del siglo XII en la semana electoral De Cataluña recogen sus cosas y toman una sopa caliente de verduras y shawarmas. Comida halal porque también hay musulmanes en la protesta.

Son como un buró de desheredados de distintos rincones del mundo: Pakistán, Marruecos, Chile, Argentina, Nigeria… y un grupo de ucranianos que se ha apuntado en esta última mañana de protesta. Han pasado una semana encerrados –aseguran además que han mantenido una huelga de hambre y solo han tomado líquidos hasta este sábado de ruptura de ayuno- para reclamar papeles para todos, sin la exigencia del examen de nacionalidad que deben aprobar previo pago de varios cientos de euros y sin el requisito de un contrato de trabajo, ese que se ha puesto tan difícil hasta para los locales con esta crisis. Antes de comer preparan carteles para una manifestación con la que cerrarán su protesta este sábado por la tarde: ‘Som els nous catalans. Visca’. (Somos los nuevos catalanes. Viva), se lee en uno de ellos.

Cada caso es un mundo – seres queridos a miles de kilómetros, trabajo en negro de los invisibles, pisos patera en los que apenas se cabe-. Es fácil entender lo complicado que sería para cualquiera acceder a una nueva nacionalidad si se cambia de país a los 45 años. Y 15 más tarde, ya con 60, un idioma que no tiene nada que ver con la lengua natal sigue resistiéndose de forma endemoniada. Y así está Ijaz Ahmad, paquistaní de 60 años, que lleva una gorra calada y una bufanda amarilla al cuello: “Esta semana todos días aquí, sin comer, solo beber”. “No examen, soy persona mayor, no bueno de cabeza”, intenta explicarse. El examen que rechaza este hombre exige acreditar un nivel preintermedio de español y responder a un test de conocimientos con preguntas cómo cuál es el clima de Canarias, los productos que exporta España o conocimientos del carnaval de Cádiz.

El ucraniano Yurii Cherniavski ha llegado con un grupo de compatriotas en esta mañana de sábado. Vlad, su hijo de 13 años, devora el shawarma que le acaban de pasar mientras el padre enseña su tarjeta roja de refugiado, que caduca en un mes. Tras pasar un año en Zamora y tres meses en Barcelona con su familia, no sabe si se la renovarán o no.

Reparto de comida al finalizar el encierro en la iglesia de Santa Anna.
JOAN SÁNCHEZ EL PAÍS

Si no le renuevan la tarjeta –para la que asegura desconocer los criterios- entrará en la lista de difícil cálculo de los que no cuentan en el sistema. En 2016 el Gobierno detectó 37.295 personas viviendo de manera irregular en España, una cifra que las ONG creen muy por debajo de la realidad. “No interesamos porque no generamos votos. Si tuviéramos la nacionalidad, un montón de políticos habrían venido a pedirnos su apoyo”, lamenta la argentina Luisa Ceaglio en mitad de la sala, mientras empiezan a repartir la sopa. Su encierro intentaba emular las grandes movilizaciones de 2001, cuando más de un millar de inmigrantes se encerraron en 10 iglesias de Barcelona contra la ley de Extranjería del Gobierno de José María Aznar (PP). Permanecieron 47 días y lograron que se abriera una regularización extraordinaria.

En esta semana electoral han recibido la visita de representantes de la CUP, de ERC y de los Comunes, explica Ferrán Moreno, de Mare Mortum, una de las ONG que respalda la protesta junto a otras como Papeles para Todos. Moreno denunciaba el primer día del encierro que con la aplicación del artículo 155 en Cataluña quedó en suspenso la tramitación para conseguir la nacionalidad, aunque no sabía cuantificar cuántos afectados hay. Tras la protesta, han conseguido cerrar reunión el 18 de enero con representantes del Ayuntamiento de Barcelona para hablar de las tarjetas de vecindad que acredite la residencia de quienes están pero, como ellos, no cuentan. Aunque se reivindiquen como los nuevos catalanes.

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